martes, 9 de diciembre de 2008

El Foro por la Memoria habló en Salamanca de la importancia de los autos del Juez Garzón en el contexto actual

Dionisio Alonso, Presidente del Foro por la Memoria de Salamanca, y Virginia díaz, abogada del Foro por la Memoria de Madrid, expusieron la importancia del auto de Garzón ante un auditorio abarrotado por más de un centenar de asistentes.

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Ante un aula de la facultad de Geografía e Historia repleta de más de un centenar de jóvenes, el Presidente del Foro por la Memoria en Salamanca, Dionisio Alonso, inició su intervención recalcando que los jueces no se encargan de hacer las leyes. Su función debe ser aplicarlas. Sin embargo, una parte importante de la Magistratura española se niega a aplicar algunos textos legales.

En su presentación, el presidente del Foro en la provincia charra encuadró el contexto en el que se mueve actualmente la recuperación de la memoria histórica. Para ello, Dionisio se refirió a la “Ley de Amnistía” como una norma de punto final y de impunidad para los genocidas y no sólo ni sustancialmente una ley para poner en libertad a los presos políticos que luchaban por restablecer un régimen de libertades en nuestro país: “El terror y el miedo fueron quienes ganaron la transición y no ningún espíritu de concordia y de reconciliación como señala el articulado de la Ley de Amnistía”.

La abogada del Foro por la Memoria Virginia Díaz tomó el relevo del acto realizando un repaso histórico para poder comprender mejor los dos autos del Juez Garzón. En su intervención, Virginia Díaz subrayó que el golpe de estado del 18 de julio de 1936 supuso la represión de todo un sistema político y jurídico democrático establecido por la constitución republicana de 1931. Por lo tanto, recuperar la memoria es un imperativo ético muy importante para evitar que, como hasta ahora, se confunda amnistía con amnesia y reconciliación con olvido. Díaz se manifestó en la misma línea que Alonso para referirse a la Ley de Amnistía, que “pretendió ser una ley de punto final, pero los crímenes contra la humanidad no son amnistiables por ningún Gobierno”.

La letrada, que ha formado parte de la acusación particular en varios procesos relacionados con la Memoria Histórica, destacó que en distintos países latinoamericanos, como Argentina, Guatemala y Chile se han realizado “informes sobre la verdad” y se han abierto procesos judiciales que declararon la nulidad de las leyes de punto final y de amnistía. Esto es lo que pretendía que se hiciera en España, encausando el franquismo ante la Audiencia Nacional. “En nuestro caso lo que se protege es la humanidad y los derechos humanos de familiares y víctimas y es un punto de inflexión para que no quedaran impunes aquellos crímenes que lo fueron contra la humanidad en términos no sólo histórico sino jurídicos. No es posible que el mismo juzgado que condenó a militares argentinos y a dictadores de otros países latinoamericanos ahora se inhiban de una causa en la que también se juzgan delitos de lesa humanidad como aquellos”.

Para ilustrar su ponencia, Virginia Díaz especificó que el Tribunal Constitucional señala que cualquier Tribunal puede conocer, sin ningún tipo de delimitación, cualquier delito contra la humanidad. Muy al contrario de la función que ejercieron los Tribunales Militares. Formados por personas sin formación jurídica, sus sentencias las ratificaba el órgano superior y las firmaba el genocida Francisco Franco.

En este sentido, el Comité Europeo de Derechos Humanos sugiere que se derogue la Ley de Amnistía y que se cree un Comité de Expertos para que elaboren un informe de la verdad y se conozca cuántas fueron las víctimas de la dictadura y quiénes fueron sus principales causantes. “Informes como éste fueron elaborados en otros países. Es inconcebible que aún hoy todavía no se sepa ni tan siquiera cuál fue el número de personas asesinadas y desaparecidas por la dictadura franquista”.

Para el Foro, la Ley de la Memoria tiene carencias muy importantes: En primer lugar, no garantiza el reconocimiento de la memoria política y social. Además, no aborda la obligación de abrir un informe sobre la verdad; no se plantea la anulación de los juicios durante el franquismo y no trata la reparación del daño a las víctimas. Por tanto, si la Ley hubiera abordado estas cuestiones no hubiera hecho falta la intervención judicial.

Eso sí, los dos autos del Juez Garzón tienen un valor muy importante porque es la primera vez que a través de uno de los poderes del Estado se reconoce la legalidad de la República, que el golpe de Estado fue un atentado contra las leyes democráticas en vigor, que la República era el sistema democrático y legítimo que se habían dado todos los españoles y que el franquismo pretendió “aniquilar” sistemáticamente a toda aquella persona que hubiera simpatizado con la República, como se cita en el sumario a través de declaraciones de distintos generales fascistas –Mola y Queipo de Llano entre otros-. En definitiva, nos encontramos ante un delito de genocidio, es decir, un intento de derrotar a la república con la desaparición sistemática de toda aquella persona y organización social y política que simpatizara con el régimen democrático constitucional republicano.

Ante este ejercicio de dignificación de la legalidad democrática, el primer auto del Juez Garzón es apelado por el Fiscal con unos argumentos que contradicen lo que hasta ese momento venía actuando la Audiencia Nacional en crímenes similares como los de Scilingo y otros militares y dictadores de países latinoamericanos.

El segundo auto, por su parte, es de inhibición ante los hechos, por lo que cierra el cauce de la Audiencia Nacional para juzgar los delitos cometidos por el franquismo y el Juez lo que hace es remitir a los Juzgados territoriales las exhumaciones de los cadáveres.

En este contexto, el Foro por la Memoria seguirá con su labor de judicializar cada una de las exhumaciones que ha realizado, para que quede constancia de cada una de las pruebas y restos encontrados. Si, como hacen algunas asociaciones, la función se reduce a desenterrar restos para darles sepultura dónde los familiares consideren oportuno, se entierra la memoria colectiva, social y política. No se puede seguir sacando restos sólo para enterrarlos. Son pruebas judiciales que tienen que quedar documentadas. Con el mero enterramiento, se entierra la memoria.

Virginia Díaz concluyó afirmando que la democracia no podrá avanzar sin reconocer a las personas que lucharon por la libertad y la democracia en nuestro país y que muchas de ellas están enterradas aún y deben ser desenterradas para profundizar aún más en un régimen democrático: “No puede haber ningún avance social y político en España si no hay un proceso de recuperación de la memoria republicana”.

jueves, 27 de noviembre de 2008

El Foro por la Memoria de Salamanca exige el cambio de nombre de Águeda del Caudillo.

La Asociación Foro por la Memoria de Salamanca ha formulado sendas Solicitudes Administrativas ante el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, el de “Águeda del Caudillo” y el de “Sanjuanejo” para que estas localidades salamantinas cambien el nombre de sus calles que aún hoy “honran” a personajes de la dictadura franquista, las placas conmemorativas de esa época, así como para que se proceda al cambio de nombre de la localidad “Águeda del Caudillo”.

La Solicitud se formula en primer lugar al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, por ser Agueda del Caudillo y Sajuanejo pedanías del primero, y por ello entidad responsable en última instancia del cambio de nombre de las calles y retirada de símbolos franquistas. La pedanía de Sanjuanejo aún hoy mantiene una calle dedicada a José Antonio Primo de Rivera y Agueda del Caudillo posee una calle con el nombre de Generalísimo y otra con el nombre de José Antonio Primo de Rivera. Además en esta última localidad, en su Plaza Mayor existe una placa en la que se honra al dictador Francisco Franco, donde se le muestra gratitud y se ensalza su “afán colonizador”

En la Solicitudes Administrativas, el Presidente de la Asociación Foro por la Memoria de Salamanca, Dionisio Alonso insta a los alcaldes de los ayuntamientos citados a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 52/2007, del 26 de diciembre, (BOE 27 de Diciembre de 2007) por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida como “Ley de la Memoria Histórica”, en la que se insta a “ que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio." (Exposición de motivos Ley 52/2007), “ a adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, …" (Art.1.1)

En base a la “Ley de la Memoria Histórica” los ayuntamientos de “Sanjuanejo” y “Águeda del Caudillo”, como todas las administraciones públicas, tienen la obligación de retirar los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Ambas localidades son pedanías del municipio de Ciudad Rodrigo, motivo por el cual se ha instado también a dicho ayuntamiento. Esta obligación está recogida en la mencionad Ley, como podemos observar en lo dipuesto por el Art 15, cuando afirma: "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de los escudos, insignias, plazas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas"

Para el Foro por la Memoria de Salamanca, el hecho de que aún hoy exista un pueblo en la provincia de Salamanca denominado Águeda del Caudillo, que continúe existiendo calles dedicadas a José Antonio Primo de Rivera y al Generalísimo y el que siga existiendo una placa conmemorativa del General Franco, representa, por un lado una enorme dejadez por parte de los ayuntamientos citados y sobretodo, una falta de respeto y consideración contra todos aquellos y aquellas que sufrieron las consecuencias del golpe de estado franquista y atenta contra la dignidad de aquellos/as que padecieron la represión y violencia de aquel sistema inmoral o los familiares de estos.

La propia existencia de estos símbolos en las calles de los anteriores municipios más de TREINTA años después del fin de la dictadura franquista, por si mismo representa un insulto al debido respeto que merecen los que lucharon por la Justicia y a los familiares de estos y desdibuja el debido resarcimiento que la sociedad española les debe por la vulneración de derechos que sufrieron, precisamente por la defensa de los derechos de todos.

La Asociación Foro por la Memoria de Salamanca considera que trascurridos ya más de diez meses desde la aprobación de la “Ley de la Memoria Histórica” los ayuntamientos a los que nos dirigimos han tenido tiempo más que suficiente para acatar la Ley y proceder a retirar las placas de estas dos calles del municipio y con ello de someterse a una normativa que le es de aplicación como al resto de municipios del Estado.


Asociación Foro por la Memoria de Salamanca.


jueves, 20 de noviembre de 2008

El Foro por la Memoria apela a la profesionalidad y buen hacer de los jueces salmantinos para la exhumación de más de 650 salmantinos.

Solicitan desde el Foro que los Juzgados de Instrucción de Ciudad Rodrigo intervengan en la exhumación de las fosas de El Rebollar y de otras que hubiera en la zona.

Según el Auto del Juez Garzón son 650 las personas que en nuestra provincia se encuentran en terraplenes, montes y fosas y que debieran tener un entierro digno.


El Foro por la Memoria de Salamanca quiere hacer un llamamiento al buen hacer y a la profesionalidad de los jueces y juezas de la provincia de Salamanca para que pongan los medios necesarios y puedan ser exhumadas las fosas existentes en nuestra provincia, donde es probable que la cifra de 650 dada por el Juez Garzón probablemente termine siendo más del doble.

Además esta asociación se lamenta de que el Juez Garzón haya desistido de continuar con el procedimiento aunque, por otra parte, valora positivamente el proceso de instrucción iniciado porque han crecido las expectativas de familiares y víctimas y porque, con este proceso de instrucción, ha elevado la concienciación de la ciudadanía no sólo con el avance en la exhumación de cadáveres de personas que fueron represaliadas durante el franquismo, sino con el reconocimiento, de una vez por todas, de que el franquismo no fue más el producto de un genocidio llevado a cabo por los generales golpistas y quienes les apoyaban.

Por último, desde el Foro por la Memoria de Salamanca criticamos las presiones a que se ha visto sometido el Juez Garzón por parte de las más altas instancias del Estado y por una actitud de un PSOE y de un Gobierno que ha dado la espalda a miles de personas que fueron torturadas y asesinadas por defender la libertad.

Este proceso, iniciado por decenas de asociaciones de recuperación de la memoria e impulsada por el Juez Garzón ha sido consecuencia de una mala Ley de la Memoria que no permite que sea el Estado, a través de una dotación suficiente de medios económicos y humanos, quien se haga responsable de las exhumaciones sino que lo deja en manos de víctimas, familiares y asociaciones; lo cual deja en un difícil lugar la posibilidad de dignificar la memoria de miles de personas anónimas enterradas en los lugares en que fueron ejecutados por defender la democracia y luchar contra el totalitarismo.


FORO POR LA MEMORIA DE SALAMANCA


jueves, 13 de noviembre de 2008

LA ASOCIACIÓN FORO POR LA MEMORIA DE SALAMANCA CRITICA LA ACTITUD DE LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL ANTE EL AUTO DEL JUEZ BALTASAR GARZÓN.

La asociación Foro por la Memoria de Salamanca considera que la actitud de la Fiscalía entorpeciendo la continuación de las excavaciones de las fosas de los desaparecidos de la guerra civil no hace otra cosa que ir en contra de la llamada Ley de la Memoria Histórica 52/2007, siendo dicha actitud contraria a lo dispuesto en el artículo 11, que recoge la colaboración de las administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las víctimas.

Sin entrar en el fondo jurídico del recurso de la fiscalía ante la Audiencia Nacional, suponiendo que la misma tiene sobradas razones jurídicas para obrar de esa manera, desde el Foro por la Memoria no entendemos la premura con la que ha actuado para paralizar la excavación de las fosas comunes ordenadas por el Juez Garzón, yendo en contra del espíritu de la ley antedicha.

El mencionado artículo 11 dispone que las administraciones públicas han de facilitar a los ciudadanos que lo soliciten las tareas de localización y en su caso de identificación de los desaparecidos. La fiscalía de la Audiencia Nacional se ha apresurado a solicitar la paralización de la apertura de las fosas comunes ordenada por el Juez Baltasar Garzón en su auto. Si tenemos en cuenta que la fiscalía es un organismo público que pagamos todos los contribuyentes, podemos considerar que es una de esas administraciones públicas que están obligadas a facilitar el cumplimiento de la ley.

Desde nuestro punto de vista, el cometido de la fiscalía es velar por el cumplimiento de las leyes y si las mismas son incumplidas ejercer su poder acusatorio sobre aquellos presuntos delincuentes que hayan vulnerado la ley, lo que no deja de extrañar es que en el caso que nos ocupa es la misma fiscalía la que incumple la ley, ya que no “facilita” las tareas de identificación de los desaparecidos sino que “entorpece” dichas tareas y les pone “clavos y espinas” en el camino.

Si bien es cierto que ha de ser el Poder Ejecutivo el que establezca los cauces para la completa ejecución de la Ley, ante su pasividad, habiéndose limitado el gobierno a promulgar una ley de reconocimiento de derechos para las víctimas de la guerra civil y para sus familiares (sin dotarla económicamente y limitándose a enunciar derechos, pero no estableciendo los cauces para el ejercicios de dichos derechos), el poder judicial, a través del auto de Garzón, ha intentado cumplir lo dispuesto en dicha ley y la FISCALÍA está intentando que lo previsto en una “Ley Vigente” no se cumpla.

Criticamos y no entendemos, en primer lugar, los motivos por los cuáles las Fiscalía, IPSO FACTO, planteó un recurso contra el auto del Juez Garzón en el que se declaraba competente para investigar los delitos de los crímenes cometidos contra los muertos y desaparecidos del bando republicano y en segundo lugar POR QUÉ con tanta premura solicitó la paralización de las excavaciones de las fosas comunes. Suponemos que la razón hay que buscarla en ese argumento tan “manido” de “NO REMOVER LA HISTORIA” y la “MODÉLICA TRANSICIÓN ESPAÑOLA”. La reparación de los derechos de las víctimas 70 años después no supone remover la historia sino el reconocimiento del esfuerzo ímprobo que hicieron determinados colectivos por luchar por mantener la legalidad vigente y devenida de unas elecciones generales ganadas por el Frente Popular en Febrero de 1936.

miércoles, 12 de noviembre de 2008

¿Qué es el Foro por la Memoria de Salamanca?

Con el deseo de recuperar la memoria perdida de la guerra de España, transmitir a la sociedad actual y futura su pasado reciente y hacer palpable la cruel represión que las fuerzas sublevadas contra el gobierno democrático sometieron a la mayoría de la población, el Foro por la Memoria se plantea como objetivo dejar constancia moral, histórica, arqueológica y judicial de las atrocidades cometidas por el ejército franquista y sus aliados tanto durante los tres años de guerra como en las posteriores décadas de la dictadura nacional-católica.

Para realizar esta tarea, un amplio, comprometido y pluridisciplinar equipo humano esta llevando a cabo trabajos de investigación histórica y arqueológica. Sólo contando con la voluntad y el desinteresado trabajo de todos y todas lo que deseen acercarse al Foro por la Memoria será posible escribir de nuevo y sin falsedades esa parte trágica de la historia de España.