martes, 9 de diciembre de 2008

El Foro por la Memoria habló en Salamanca de la importancia de los autos del Juez Garzón en el contexto actual

Dionisio Alonso, Presidente del Foro por la Memoria de Salamanca, y Virginia díaz, abogada del Foro por la Memoria de Madrid, expusieron la importancia del auto de Garzón ante un auditorio abarrotado por más de un centenar de asistentes.

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Ante un aula de la facultad de Geografía e Historia repleta de más de un centenar de jóvenes, el Presidente del Foro por la Memoria en Salamanca, Dionisio Alonso, inició su intervención recalcando que los jueces no se encargan de hacer las leyes. Su función debe ser aplicarlas. Sin embargo, una parte importante de la Magistratura española se niega a aplicar algunos textos legales.

En su presentación, el presidente del Foro en la provincia charra encuadró el contexto en el que se mueve actualmente la recuperación de la memoria histórica. Para ello, Dionisio se refirió a la “Ley de Amnistía” como una norma de punto final y de impunidad para los genocidas y no sólo ni sustancialmente una ley para poner en libertad a los presos políticos que luchaban por restablecer un régimen de libertades en nuestro país: “El terror y el miedo fueron quienes ganaron la transición y no ningún espíritu de concordia y de reconciliación como señala el articulado de la Ley de Amnistía”.

La abogada del Foro por la Memoria Virginia Díaz tomó el relevo del acto realizando un repaso histórico para poder comprender mejor los dos autos del Juez Garzón. En su intervención, Virginia Díaz subrayó que el golpe de estado del 18 de julio de 1936 supuso la represión de todo un sistema político y jurídico democrático establecido por la constitución republicana de 1931. Por lo tanto, recuperar la memoria es un imperativo ético muy importante para evitar que, como hasta ahora, se confunda amnistía con amnesia y reconciliación con olvido. Díaz se manifestó en la misma línea que Alonso para referirse a la Ley de Amnistía, que “pretendió ser una ley de punto final, pero los crímenes contra la humanidad no son amnistiables por ningún Gobierno”.

La letrada, que ha formado parte de la acusación particular en varios procesos relacionados con la Memoria Histórica, destacó que en distintos países latinoamericanos, como Argentina, Guatemala y Chile se han realizado “informes sobre la verdad” y se han abierto procesos judiciales que declararon la nulidad de las leyes de punto final y de amnistía. Esto es lo que pretendía que se hiciera en España, encausando el franquismo ante la Audiencia Nacional. “En nuestro caso lo que se protege es la humanidad y los derechos humanos de familiares y víctimas y es un punto de inflexión para que no quedaran impunes aquellos crímenes que lo fueron contra la humanidad en términos no sólo histórico sino jurídicos. No es posible que el mismo juzgado que condenó a militares argentinos y a dictadores de otros países latinoamericanos ahora se inhiban de una causa en la que también se juzgan delitos de lesa humanidad como aquellos”.

Para ilustrar su ponencia, Virginia Díaz especificó que el Tribunal Constitucional señala que cualquier Tribunal puede conocer, sin ningún tipo de delimitación, cualquier delito contra la humanidad. Muy al contrario de la función que ejercieron los Tribunales Militares. Formados por personas sin formación jurídica, sus sentencias las ratificaba el órgano superior y las firmaba el genocida Francisco Franco.

En este sentido, el Comité Europeo de Derechos Humanos sugiere que se derogue la Ley de Amnistía y que se cree un Comité de Expertos para que elaboren un informe de la verdad y se conozca cuántas fueron las víctimas de la dictadura y quiénes fueron sus principales causantes. “Informes como éste fueron elaborados en otros países. Es inconcebible que aún hoy todavía no se sepa ni tan siquiera cuál fue el número de personas asesinadas y desaparecidas por la dictadura franquista”.

Para el Foro, la Ley de la Memoria tiene carencias muy importantes: En primer lugar, no garantiza el reconocimiento de la memoria política y social. Además, no aborda la obligación de abrir un informe sobre la verdad; no se plantea la anulación de los juicios durante el franquismo y no trata la reparación del daño a las víctimas. Por tanto, si la Ley hubiera abordado estas cuestiones no hubiera hecho falta la intervención judicial.

Eso sí, los dos autos del Juez Garzón tienen un valor muy importante porque es la primera vez que a través de uno de los poderes del Estado se reconoce la legalidad de la República, que el golpe de Estado fue un atentado contra las leyes democráticas en vigor, que la República era el sistema democrático y legítimo que se habían dado todos los españoles y que el franquismo pretendió “aniquilar” sistemáticamente a toda aquella persona que hubiera simpatizado con la República, como se cita en el sumario a través de declaraciones de distintos generales fascistas –Mola y Queipo de Llano entre otros-. En definitiva, nos encontramos ante un delito de genocidio, es decir, un intento de derrotar a la república con la desaparición sistemática de toda aquella persona y organización social y política que simpatizara con el régimen democrático constitucional republicano.

Ante este ejercicio de dignificación de la legalidad democrática, el primer auto del Juez Garzón es apelado por el Fiscal con unos argumentos que contradicen lo que hasta ese momento venía actuando la Audiencia Nacional en crímenes similares como los de Scilingo y otros militares y dictadores de países latinoamericanos.

El segundo auto, por su parte, es de inhibición ante los hechos, por lo que cierra el cauce de la Audiencia Nacional para juzgar los delitos cometidos por el franquismo y el Juez lo que hace es remitir a los Juzgados territoriales las exhumaciones de los cadáveres.

En este contexto, el Foro por la Memoria seguirá con su labor de judicializar cada una de las exhumaciones que ha realizado, para que quede constancia de cada una de las pruebas y restos encontrados. Si, como hacen algunas asociaciones, la función se reduce a desenterrar restos para darles sepultura dónde los familiares consideren oportuno, se entierra la memoria colectiva, social y política. No se puede seguir sacando restos sólo para enterrarlos. Son pruebas judiciales que tienen que quedar documentadas. Con el mero enterramiento, se entierra la memoria.

Virginia Díaz concluyó afirmando que la democracia no podrá avanzar sin reconocer a las personas que lucharon por la libertad y la democracia en nuestro país y que muchas de ellas están enterradas aún y deben ser desenterradas para profundizar aún más en un régimen democrático: “No puede haber ningún avance social y político en España si no hay un proceso de recuperación de la memoria republicana”.